Archivo del sitio

LA LEY EN URUGUAY PROHIBE LA VENTA DE ALCOHOL A MENORES, ¿ PORQUE LE VENDEN ENTONCEN EN MALDONADO A MENORES URUGUAYOS Y TURISTAS? ¿PORQUE NO SE PUEDE PROHIBIR QUE SE TOME EN LA VIA PUBLICA A ESTOS MENORES SINO SE LES PUEDE VENDER…. ? CONFUSA DECLARACIONES DEL DIRECTOR DEL INAU ENTREVISTADO POR UN INFORMATIVO MONTEVIDEANO.. AL FINAL ¿QUIEN CONTROLA?LOS PADRES DE ESOS CHICOS ESTA CLARO QUE NO!!!!……..

Hijos de…

imagen
Diego Barboza, jefe departamental fernandino del INAU, dijo que los disturbios ocurridos al este del arroyo Maldonado son protagonizados por hijos de turistas de alto poder adquisitivo. El funcionario señaló que se viene realizando un “activo trabajo” en la prevención de venta de alcohol a menores, e informó que el año pasado el INAU presentó tres denuncias penales por explotación sexual de menores.

Diego Barboza, jefe departamental del INAU de Maldonado, dijo que el organismo viene realizando un “activo trabajo” para controlar y prevenir la venta de alcohol a menores de edad, y que los empresarios de La Barra cooperaron cumpliendo la normativa. No obstante, señaló que se detectaron algunas infracciones, como venta de alcohol a menores o fuera de los horarios habilitados.

En declaraciones a FM Gente, Barboza se refirió a las denuncias de vecinos de La Barra y la zona del puerto de Punta del Este, sobre ruidos molestos y disturbios protagonizados por jóvenes en la noche y hasta altas horas de la madrugada. El funcionario explicó que los responsables de estos desmanes son jóvenes hijos de turistas de alto poder adquisitivo, y que es necesario trabajar, con miras a la próxima temporada, para equilibrar “el disfrute de los jóvenes y la necesidad de descanso de los adultos”.

Braboza señaló que es preciso diferenciar una fiesta privada de jóvenes de un negocio empresarial clandestino: “Lo primero es un tema de convivencia y hay que hablar con arrendatarios e inmobiliarias para limitarlos. Lo otro implica buscar normativas y posibilidades de acción, porque es ilegal y porque es inequitativo para los comercios formalmente establecidos”, subrayó.

En otro orden, Barboza informó que el año pasado, el INAU de Maldonado presentó tres denuncias de explotación sexual comercial de menores de edad ante la Justicia de Crimen Organizado. Señaló que la explotación de menores es “frecuente”, aunque no la relacionó con una cuestión de “turismo sexual” sino a asuntos “morales” del ámbito doméstico, y lamentó que “haya gente que no entiende que este tema es un delito”.

Montevideo Portal

Tierra para…….

Frenos incipientes al acaparamiento de tierras en la regiónAlgunos países de América del Sur afectados por el acaparamiento de tierras, como Argentina, Brasil y Uruguay, comienzan a tomar medidas para contrarrestar el fenómeno. Sin embargo, desde la sociedad civil se denuncia la insuficiencia de las medidas tomadas y el escaso control a las “elites económicas locales”.

(Adhoc ©Ricardo Antunez)

El “land grabbing” (en inglés), o acaparamiento de tierras, se hace sentir desde 2007 con inversiones millonarias en compra o arrendamiento de grandes extensiones cultivables en África, América Latina y Asia, en el que convergen corporaciones transnacionales, elites nacionales y fondos de inversión controlados por países como China, Kuwait, Qatar y otros.

América Latina y el Caribe no es ajena a la tendencia, con Argentina y Brasil a la cabeza. Una serie de estudios y análisis realizados en 2011 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 17 de países de la región, halló distintos grados del fenómeno en México, Chile, Colombia, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay.

El acaparamiento va de la mano con la expansión de cultivos que son insumos en la tríada agropecuaria alimento-forraje-combustible, a menudo orientada a la exportación.

Saturnino Borras, autor de uno de esos estudios, explica a TerraViva que “la convergencia de crisis alimentaria, energética, financiera y climática es el factor más importante de la actual fiebre global de tierras”.

Además, “otro aspecto es la fusión de los sectores de alimentos y energía, que se aprecia de varias formas, como la aparición de cosechas que pueden utilizarse indistintamente como alimento, como forraje o como biocombustible: caña de azúcar, maíz, soja o palma aceitera”, dice Borras, profesor asociado de desarrollo rural, ambiente y población de la Universidad Erasmo de Rotterdam.

Aunque no siempre el acaparamiento implica extranjerización en América Latina, los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay han aprobado o anunciado leyes para evitar inversiones extranjeras masivas en este rubro.

En diciembre de 2011, Argentina promulgó la ley 26.737, según la cual, “los extranjeros en su conjunto no pueden poseer más de 15 por ciento de la tierra agrícola nacional”, dice a TerraViva el representante permanente de ese país ante la FAO, Gustavo Infante en los pasillos de la 38a conferencia que se está celebrando en Roma.

De ese 15 por ciento, las empresas y los inversionistas institucionales del exterior no pueden adquirir tierras que juntas sumen más de 30 por ciento. Y cada compañía e inversor individual no puede poseer más de 1.000 hectáreas.

“Con base en esta ley, estamos modernizando los registros de propiedad de las provincias de la república federal, homologándolos para hacer un registro nacional”, agrega Infante.

Uruguay anunció el 13 de mayo que prepara una legislación para impedir la compra de tierras por parte de estados extranjeros, indicó el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero.

Pero no está claro que sean los estados extranjeros los que estén adquiriendo tierras a gran escala en Uruguay. Según datos oficiales de junio, en los últimos 12 años, se realizaron 31.000 operaciones de compra y venta de siete millones de hectáreas, casi 43 por ciento de la superficie del país. El valor de la hectárea se multiplicó por nueve en el mismo período.

 Brasil también ha puesto la mira en las adquisiciones extranjeras. Y mediante la reinterpretación de una ley de 1971, prohibió en 2010 que empresas extranjeras, incluso actuando con subsidiarias locales, adquieran más de 50 módulos de tierras, entre 250 y 5.000 hectáreas, según la región.

Y en 2011 prohibió que inversionistas extranjeros adquieran o se fusionen con empresas locales que posean tierras cultivables.

Pero la organizción no gubernamental Grain, que promueve el uso sostenible de la biodiversidad agrícola, señala que tales legislaciones son insuficientes.

Las restricciones dejan abiertos muchos flancos, como el acaparamiento indirecto, o ignoran realidades habituales en la región, como el peso que siguen teniendo en las grandes propiedades las elites económicas locales.

“Limitar la inversión directa en tierras no es algo malo”, apunta Grain en un informe de febrero. “Pero sería preferible un enfoque más integral: Que se replantearan las nuevas políticas de tierras como parte de una más amplia reorganización de las estrategias de desarrollo agrícola y rural”.

Así las nuevas leyes representan “soluciones superficiales, cargadas de ambigüedades, efectos perversos y debates muy restringidos que mejoran la reputación de los políticos, pero no resuelven ningún problema de las comunidades locales”, concluye Grain.

Por: Redacción 180, Julio Godoy, de IPS

A %d blogueros les gusta esto: